EL LÁTIGO…
Sábado 28/10/23
Escayola/ Noticias
Lo que podría haber sido una oportunidad para mejorar la deteriorada imagen de la policía municipal de Tapilula, se convirtió en un lamentable episodio de abuso que despertó la preocupación de los habitantes. Los videos que se han difundido en las redes sociales, muestran el ingreso sin orden judicial de los agentes a una vivienda, bajo el pretexto de “rescatar” a una presunta víctima de violencia. Estas imágenes solo han reafirmado ante la opinión pública lo que es ampliamente conocido en la llamada “tierra de los ahorcados”: la cuestionable “eficacia” del mencionado cuerpo policial en su supuesta misión de “proteger a los ciudadanos”.
La situación era simple: se trataba de “rescatar” a la abogada Liz “N” que había solicitado ayuda por teléfono después de ser agredida por su esposo. En consecuencia, los agentes de policía municipales tenían la obligación de acudir inmediatamente al lugar señalado y, al mismo tiempo, activar EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, el cual establece las pautas para que el OFICIAL DE POLICIA actúe con el propósito de proteger la integridad de la víctima.
El protocolo indica paso a paso los aspectos fundamentales en la atención de una víctima de violencia. Su identificación y protección inmediata son primordiales. Desde el momento en que tuvieron contacto con ella, al abrir el portón, tal como se aprecia en el video circulando en las redes sociales, los oficiales de policía municipal debieron haberla trasladado de inmediato ante la presencia del Fiscal del Ministerio Público más cercano. Este fiscal tendría la responsabilidad de iniciar el registro de atención, investigar los hechos y, si existieran suficientes pruebas, solicitar al juez de control la vinculación a proceso y la detención del presunto agresor. Lamentablemente, por ignorancia, lo que pudo haber sido un operativo exitoso, se redujo a una noticia criminal, donde los policías se convirtieron en protagonistas al actuar como delincuentes e intentar hacer justicia por mano propia. Esto va en contra de los procedimientos legales y pone en riesgo no solo la integridad de la víctima, sino también la justicia y el cumplimiento de la ley.
No estoy a favor de la agresión, ni defendiendo al agresor, conste, al contrario, me sumo a la condena de este cobarde suceso, lo que estoy señalando es que la policía municipal de Tapilula ha quedado en una posición comprometida ante la opinión pública. Se percibe que han actuado fuera del marco legal, adoptando una actitud violenta que los hace parecer como individuos salvajes y agresivos, aparentemente siguiendo las directrices del alcalde.
Es importante aclarar que condenar la agresión y defender el respeto por los derechos humanos no implica respaldar al agresor. Es fundamental que las fuerzas policiales actúen dentro del marco legal y sigan procedimientos adecuados para garantizar la justicia y la protección de las víctimas. El uso de la violencia injustificada por parte de la policía no solo es inaceptable, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Es esencial que los cuerpos policiales actúen de manera profesional y respetuosa, evitando la violencia innecesaria y cumpliendo con los protocolos establecidos. Esto es clave para mantener la integridad de la comunidad y garantizar que la justicia prevalezca de manera justa y equitativa.
Que quede claro, que en este caso la finalidad de la policía era “rescatar” y posteriormente recibir el reconocimiento del público por su valiente y oportuna intervención, de una población que ha sufrido bastante debido a la presencia de un cuerpo policial que inspira más temor en la ciudadanía que los propios delincuentes. ¿Tan difícil era eso? Sin embargo, los agentes de policía, fieles a su costumbre de “primero te encarcelo, luego vemos…”, inmersos en su mundo corrompido y violento, donde prevalece la ley del más fuerte, optaron por “cobrar” una supuesta deuda que les debía el presunto agresor.
En lugar de proceder de manera adecuada, optaron por robarse la nota del día y, de forma violenta, ingresaron a la propiedad, intentando forzar la puerta a patadas. Esto expuso a la víctima a una violencia innecesaria que ejercieron frente a ella, con la intención de detener al presunto agresor. Paradójicamente, esta conducta benefició al también abogado Arturo “N” a quien le regalaron los recursos legales para que pueda defenderse de un delito que se castiga con cárcel y le entregaron en bandeja de plata la “libertad” de todos los oficiales que participaron en ese operativo ya que en caso de ser denunciados podrían enfrentar la justicia por tan pésima actuación.
Lo penoso de este acto fue que ni el presidente Municipal, Rosemberg Díaz Sánchez; ni su “flamante” asesor, Manuel González “el chorizo” y menos su director estrella de la policía Municipal, el licenciado en derecho, Miguel Antonio Sánchez Pulido, a ninguno de ellos les alcanzó el cerebro para saber que la FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN se puede hacer con detenido o sin detenido. Lo más lamentable es que el presidente municipal, Rosemberg Díaz Sánchez, en su afán de seguir protegiendo a su policía que se ha visto involucrada en diversos actos de violencia y corrupción como en este caso que ingresaron sin orden judicial a una propiedad privada, continúa filtrando los videos a través de su asesor, Manuel González, conocido como el “chorizo” a algunos medios de comunicación. Esto resulta en una revictimización de la abogada, ya que estas grabaciones se han hecho públicas sin su consentimiento, exponiéndola al escarnio público.
A pesar de más de dos años de un “gobierno” problemático, el alcalde Rossemberg Díaz y su asesor, Manuel González alias el chorizo, se niegan a reconocer que, por más esfuerzos que hagan para justificar que no hubo abuso de autoridad de sus policías municipales, nadie les creerá. Las imágenes de los videos son contundentes y dejan en claro cómo actúa los policías y a lo que son capaces de recurrir amparados por el uniforme y la placa. Pasaron por alto que el USO DE LA FUERZA DEBE SER EN RESPUESTA DE LA SITUACIÓN ESPECÍFICA.
Si los policías actuaron bajo el supuesto de flagrancia, primero tendrán que acreditarlo y luego el juez de control lo evaluará, en caso de que comparezcan ante la justicia. Incluso, ni el ministerio público tiene la facultad de determinar si los policías actuaron de manera correcta o no. Lo que queda claro es que los agentes de policía están involucrados en un grave problema y no parecen encontrar una justificación válida en el ingreso ilegal por lo que podrían enfrentar las consecuencias ante la justicia, ya que existe la sospecha de que se violentó el derecho de inviolabilidad del domicilio protegido por la Constitución, hay daños a la propiedad y otros delitos. En los videos que circulan en redes sociales se ve que la mayoría de los presuntos policías municipales llegaron vestidos de civil, portando armas de fuego (sin los permisos correspondientes) y otros se cubrieron sus rostros con paliacates con imágenes de calaveras, lo que parece transmitir la idea de que las consecuencias por comportarse de manera indebida pueden ser graves.
La simple portación de armas de fuego por parte de los policías municipales, que parecen ser de uso exclusivo del ejército mexicano, proporciona suficiente base para que la FGR, SEDENA o la Guardia Nacional intervengan y procedan con la detención de estos policías en el Municipio de Tapilula. Adicionalmente, de acuerdo con varias denuncias ciudadanas, se alega que los oficiales han hecho uso de estas armas para amedrentar a numerosos habitantes en dicha localidad. En conclusión, este tipo de acciones debe ser investigado minuciosamente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y mantener la integridad del sistema de justicia.
Se anota en agenda para que no se olvide.
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